Por Redacción Vida Nayarit 
La presentación del Olinia 1, primer vehículo eléctrico mexicano, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue anunciada como símbolo de innovación y transformación nacional. Sin embargo, más allá del discurso oficial, el proyecto exhibe deficiencias técnicas, incumplimientos normativos y un uso cuestionable de recursos públicos.
El automóvil presume ser accesible y sustentable, pero sus características revelan limitaciones graves: velocidad máxima de 50 km/h, motor de apenas 13.5 kW y autonomía de 125 km por carga. Estas especificaciones lo colocan muy por debajo de los estándares internacionales y, lo más preocupante, incumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de seguridad vehicular. La misma NOM que obligó a retirar del mercado modelos como el Tsuru por no alcanzar los mínimos de seguridad, ahora es ignorada por el propio gobierno al promover un vehículo que tampoco cumple con esos requisitos básicos.
El proyecto carece de elementos esenciales de protección, no cuenta con frenos ABS y se limita a ofrecer cinturones de seguridad y espacio para seis pasajeros. No incorpora sistemas avanzados de seguridad activa ni pasiva, ni pruebas de impacto que garanticen la integridad física de los ocupantes. A ello se suma el costo anunciado de 150 mil pesos, un aumento considerable respecto a los 90 pesos que había prometido el gobierno federal, por un producto que difícilmente puede circular en condiciones reales de movilidad urbana o carretera.
Más allá de las deficiencias técnicas, el Olinia 1 enfrenta un obstáculo estructural: la infraestructura eléctrica del país. México no cuenta con un sistema capaz de soportar un parque vehicular eléctrico masivo. Las fallas en el suministro, la falta de capacidad instalada y la precariedad de la red hacen inviable que este proyecto pueda escalar sin comprometer aún más la estabilidad energética nacional.
El discurso de soberanía tecnológica también se derrumba: el proyecto no incluye ninguna patente nueva y depende en gran medida de tecnología y partes provenientes de China. Así, la narrativa de independencia y desarrollo nacional se contradice con la realidad de un ensamblaje dependiente del exterior.
La paradoja se acentúa con la puesta en marcha de 2 mil puntos de carga, inversión pública que beneficia a un vehículo con serias limitaciones y que difícilmente podrá integrarse a la movilidad cotidiana. Mientras tanto, los funcionarios que asistieron a la presentación llegaron en Suburbans blindadas, un contraste que exhibe la distancia entre el discurso de austeridad y la realidad de privilegios.
El Olinia 1 se presenta como “semilla de innovación”, pero en los hechos es un proyecto que ignora regulaciones, dilapida fondos y pone en entredicho la seriedad de la política pública en materia de movilidad y seguridad. Apostar por un automóvil que no cumple ni siquiera con los niveles mínimos exigidos por la NOM, que depende de una infraestructura eléctrica insuficiente y que se sostiene en tecnología extranjera es un retroceso disfrazado de modernidad.