Por Redacción Vida Nayarit 
El conflicto en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit, comenzó con un despliegue de fuerza pública. Al inicio de las protestas ciudadanas, el gobierno estatal recurrió a la represión policial para contener a quienes exigían respeto al acceso libre y a la protección ambiental. La decisión de criminalizar la protesta debilitó la confianza social y mostró un patrón de defensa institucional hacia los intereses privados, más que hacia los derechos colectivos.
En paralelo, el propio gobierno del estado intentó negociar con la comunidad la reducción de metros de playa, ofreciendo primero cinco, luego diez, como si se tratara de una concesión discrecional. Sin embargo, la ley es clara: la Zona Federal Marítimo Terrestre establece 20 metros de acceso público, inalienables y no sujetos a negociación. La estrategia de regateo exhibió una falta de compromiso con la normatividad y un intento de minimizar las demandas ciudadanas.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó irregularidades en las obras de enrocamiento y contención, que excedieron las condiciones de la concesión federal y alteraron la dinámica natural de la playa. No obstante, la reacción de la dependencia fue tardía: pese a contar con un aviso de emergencia desde noviembre de 2025, las acciones administrativas se prolongaron durante meses, permitiendo que las obras avanzaran y el daño se profundizara.
La visita técnica programada para el 25 de junio será apenas un primer paso frente a una crisis que ya expuso la represión estatal y la lentitud federal. La defensa de Playa Las Cocinas exige más que mesas de diálogo: requiere restauración inmediata, respeto irrestricto a la ley y un compromiso real con la ciudadanía. La comunidad ya demostró que no está dispuesta a negociar lo que la legislación garantiza.