Por Redacción Vida Nayarit 
El acceso a capital de trabajo y la renovación de unidades se promueve mediante programas de acompañamiento financiero, pero la realidad del sector transportista en Nayarit evidencia un problema estructural: la falta de disciplina administrativa y el escaso compromiso con el mantenimiento de sus vehículos. A pesar de los esfuerzos institucionales, persiste la percepción de que muchos operadores utilizan los apoyos sin una planeación seria, lo que pone en duda la efectividad de estas políticas públicas.
El Fondo de Fomento Industrial activó brigadas de orientación para explicar las ventajas del programa Apoyo al Volante. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de los conductores carece de cultura financiera y enfrenta dificultades para cumplir con plazos y pagos. La atención personalizada busca eliminar barreras burocráticas, pero no puede suplir la falta de responsabilidad individual que históricamente ha caracterizado al gremio.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que las tasas competitivas pretenden no comprometer el sustento de las familias. No obstante, el verdadero reto es que los transportistas destinen los recursos a mantenimiento preventivo o renovación de unidades, en lugar de desviarlos hacia gastos personales. La ausencia de controles internos y la resistencia a la modernización han convertido al transporte público en un servicio con frecuentes deficiencias y quejas ciudadanas.
Las asesorías individuales intentan diagnosticar la situación de cada concesionario, pero la falta de transparencia en rutas y concesiones limita la eficacia del programa. Sin un compromiso real de los operadores, los créditos corren el riesgo de convertirse en deudas incobrables, perpetuando la precariedad del sector.
Fortalecer la economía de los transportistas debería impactar en la movilidad urbana, pero mientras persista la negligencia en el cuidado de las unidades y la falta de profesionalización del gremio, la población seguirá enfrentando traslados inseguros y poco eficientes. La política pública se enfrenta así a un dilema: invertir en un sector que es columna vertebral del comercio regional, pero que arrastra una cultura de incumplimiento que amenaza con diluir cualquier beneficio social.