Por Ernesto López 
Decenas de miles de médicos, enfermeras y personal administrativo del IMSS se manifestaron en todo el país con una sola exigencia: condiciones dignas para salvar vidas. No fueron “bots” ni montajes, como algunos medios alineados al poder intentaron difundir, sino ciudadanos con bata y uniforme que salieron a las calles para exigir medicamentos, insumos y respeto a sus derechos laborales. La respuesta social fue contundente: la ciudadanía los acompañó con consignas de apoyo, mostrando que el verdadero México se une contra la negligencia y la simulación.
El contraste es evidente. Mientras el gobierno federal presume tener “el mejor sistema de salud”, los pasillos de las clínicas muestran carencias básicas. La salud no se presume: se garantiza. En Tepic, como en muchas otras ciudades, los trabajadores del IMSS volvieron a marchar porque no hay otra forma de ser escuchados. La crisis sanitaria es negada desde el poder, pero se vive día a día en hospitales sin medicamentos y en personal agotado que enfrenta condiciones laborales precarias.
La reacción oficial ha sido la indolencia. En lugar de atender las demandas, se envía a la Guardia Nacional para contener manifestaciones pacíficas. Tratar como criminales a quienes salvan vidas es una afrenta que lastima a toda la sociedad. Y aunque sabemos que la caída en la calidad de los servicios de salud no comenzó en estos dos gobiernos, sí se acentuó de manera dramática, multiplicándose la indolencia y la indiferencia oficial.
No perdieron ellos: perdimos todos. Perdimos cuando un médico debe protestar para tener insumos, cuando una maestra con décadas de servicio marcha para exigir su salario, cuando un pensionado enfrenta trámites humillantes para recibir lo que le corresponde.
La lucha de los trabajadores del IMSS no es aislada ni burocrática: es la lucha de todos los ciudadanos que necesitamos un sistema de salud funcional. Queremos llegar a urgencias y encontrar un médico, un medicamento y una cama. Queremos que quienes nos atienden tengan estabilidad laboral y un sueldo digno. Si ellos están bien, nosotros también lo estaremos.
El gobierno federal debe dejar de simular y aceptar la crisis. No bastan discursos ni cifras maquilladas: se requieren acciones inmediatas para garantizar insumos, infraestructura y condiciones laborales justas. Cada marcha es un recordatorio de que la salud pública está en riesgo y que la indiferencia oficial tiene consecuencias humanas irreparables.