La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) enfrenta un nuevo escenario financiero luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el impuesto del 15 por ciento que los ayuntamientos recaudaban para apoyar económicamente a la institución. Ante esta situación, la diputada local Nataly Tizcareño Lara llamó a construir alternativas legales que permitan mantener el respaldo de los municipios a la máxima casa de estudios del estado.
La legisladora señaló que el debate no se limita a un tema tributario, sino que involucra la continuidad de recursos destinados a proyectos fundamentales para la universidad. Entre ellos mencionó la construcción de aulas, el mejoramiento de infraestructura educativa y el otorgamiento de becas para estudiantes.
Tizcareño Lara afirmó que la universidad representa una oportunidad de acceso a la educación superior para miles de jóvenes nayaritas que no cuentan con los recursos necesarios para cursar estudios en instituciones privadas. En ese sentido, destacó el papel de la UAN en la formación profesional de estudiantes provenientes de comunidades rurales y de familias vinculadas a actividades como la agricultura, la pesca y el trabajo jornalero.
La diputada adelantó que buscará establecer diálogo con los gobiernos municipales para explorar mecanismos que permitan continuar con las aportaciones económicas a la institución. Entre las opciones planteadas mencionó la posibilidad de incluir disposiciones específicas en las leyes de ingresos de los ayuntamientos, aunque reconoció que cualquier propuesta deberá contar con sustento jurídico y ajustarse a los procedimientos legales correspondientes.
El planteamiento surge tras la resolución de la Suprema Corte, por lo que las nuevas alternativas deberán analizar cuidadosamente los alcances del fallo y determinar qué instrumentos pueden utilizarse dentro del marco legal para garantizar recursos a la universidad.
Según sostuvo la legisladora, la pérdida de esta fuente de financiamiento podría afectar la capacidad de la institución para desarrollar obras de infraestructura, mejorar sus planteles y fortalecer los programas de apoyo para estudiantes. Por ello, insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan mantener el respaldo económico a la UAN sin contravenir la resolución judicial.
Finalmente, Nataly Tizcareño Lara reiteró que continuará promoviendo acuerdos con los municipios para buscar una vía legal que garantice recursos a la universidad y contribuya a preservar su función educativa en beneficio de las futuras generaciones de nayaritas.

