La inauguración de la llamada Glorieta Nayarit en Tepic no puede presentarse como un acto de rescate cultural, sino como un ejemplo claro de cómo este gobierno construye destruyendo. Durante veinte años, la glorieta fue un referente urbano con identidad propia, pero en lugar de buscar un espacio nuevo y dedicado para la instalación de la estatua, se optó por arrasar con lo que ya existía, borrando de un plumazo la memoria colectiva de la ciudad.
El discurso oficial habla de soberanía y dignidad, pero la realidad es que la obra refleja más bien una política de revancha: sustituir símbolos levantados por gobiernos anteriores, adversarios políticos del actual mandatario, bajo la lógica de que todo lo heredado debe desaparecer. No se trata de construir, sino de imponer.
La falta de transparencia en el proyecto es otro punto alarmante. No hubo consulta ciudadana ni claridad sobre los recursos invertidos. Se impuso la obra como un acto autoritario, disfrazado de homenaje cultural, sin rendir cuentas a la población que, en teoría, debería ser la beneficiaria.
Lo más indignante es el contraste con la realidad inmediata: a escasos pasos de la glorieta se encuentra el Hospital Central, un espacio con graves carencias, donde familias indígenas duermen en la calle mientras acompañan a sus enfermos. Mientras la infraestructura de salud se desmorona y las necesidades básicas de cientos de nayaritas siguen sin atenderse, el gobierno prefirió destinar recursos a una estatua ornamental.
La llamada Glorieta Nayarit no es símbolo de unidad ni de orgullo, sino de prioridades equivocadas. Es la muestra de un gobierno que prefiere levantar monumentos innecesarios para borrar el legado de sus adversarios, mientras ignora las urgencias reales de la población: hospitales dignos, atención a comunidades vulnerables y políticas públicas transparentes.

