Por Ernesto López 
El cierre de establecimientos durante el pasado fin de semana en Tepic dejó al descubierto la fragilidad de las políticas aplicadas a los sectores productivos de la ciudad. Las medidas, implementadas de manera abrupta el sábado y domingo, obligaron a suspender actividades en cientos de negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas, generando pérdidas económicas que se cuentan en millones de pesos.
La decisión, justificada en nombre de la seguridad y la integridad de la ciudadanía, tuvo un impacto inmediato en la economía local. Los comerciantes se vieron forzados a detener el pago de nómina, incumplir con proveedores y almacenar mercancías que estaban destinadas a la venta durante los días de mayor afluencia. El resultado fue un golpe directo a la estabilidad de microempresarios y trabajadores que dependen de estas actividades para sostener a sus familias.
Se estima que alrededor de dos mil establecimientos cerraron sus puertas, lo que representa una pérdida superior a los dos millones de pesos en ventas. Más allá de las cifras, la medida refleja una falta de sensibilidad hacia quienes sostienen la economía cotidiana de la capital nayarita. La clausura no solo afectó a los propietarios, sino también a empleados y proveedores que quedaron en la incertidumbre.
La política aplicada evidencia un desequilibrio entre la protección ciudadana y la necesidad de mantener la actividad económica. Si bien la seguridad es un valor fundamental, las decisiones tomadas sin un plan de apoyo o alternativas para los afectados terminan por profundizar la crisis. Los negocios locales, que ya enfrentan retos de competitividad y recuperación, recibieron un golpe que difícilmente podrán absorber sin respaldo institucional.
La experiencia del fin de semana debería servir como advertencia: las medidas restrictivas requieren acompañamiento, diálogo y soluciones integrales. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de debilitar aún más a su tejido económico y social.