Las agrupaciones del sector primario advirtieron sobre la inminente pérdida de la temporada comercial debido a la falta de eficacia en las políticas restrictivas. Señalan que la extracción clandestina continúa sin freno, anulando la recuperación biológica de los productos marinos en la región.
La aplicación de medidas administrativas sin respaldo operativo en campo ha facilitado el contrabando en sistemas lagunares y costeros. Supervisores civiles carecen de herramientas coercitivas para enfrentar a los grupos dedicados al saqueo sistemático de especies protegidas.
De acuerdo con los pescadores, frenar esta contingencia ambiental requiere la intervención táctica de la Secretaría de Marina y la policía estatal. La vigilancia naval y terrestre en los esteros es vista como el mecanismo principal para garantizar el cumplimiento de los periodos de recuperación ecológica.
Las normativas emitidas en ciclos anteriores fracasaron por la falta de acompañamiento policial hacia los verificadores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Así lo expuso Juan de Dios Fernández, dirigente de la Federación de Pescadores Ribereños, quien subrayó la vulnerabilidad de las inspecciones.
Los dictámenes elaborados desde oficinas centrales carecen de impacto real si no se despliega fuerza pública. Las comunidades afectadas demandan modificar los protocolos de supervisión para salvaguardar la reproducción del marisco y proteger los ingresos futuros de las familias locales.

