Por Redacción Vida Nayarit 
Aunque el huracán Rachel, categoría 2, se desplazó mar adentro y se alejó de las costas de Jalisco y Nayarit, sus remanentes continúan causando afectaciones en Bahía de Banderas, particularmente en San Pancho, donde las olas de hasta tres metros intensificaron la erosión de la playa. La fuerza del mar dejó al descubierto parte de los pilotes del condominio Punta Paraíso y alcanzó balcones, jardines y áreas de amenidades del inmueble durante los primeros días de octubre.
Ante el riesgo por las condiciones marítimas, alrededor de 40 turistas hospedados en el desarrollo habrían sido evacuados. Ambientalistas de la zona señalaron que el oleaje evidencia las consecuencias de la ocupación de la franja costera y las afectaciones a sectores de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Es evidente que la construcción se encuentra en zona federal y que, a todas luces, resulta ilegal.
Los daños reavivaron la controversia legal que enfrenta Punta Paraíso, un complejo de 44 unidades condominales cuya construcción ha sido cuestionada durante años. En 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que debían restituirse terrenos ganados al mar y ordenó demoler aproximadamente mil 500 metros cuadrados de construcción. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, también se pronunció en su momento a favor de la demolición; sin embargo, el desarrollador Carlos Lemus impugnó la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que el proyecto se realizó conforme a la normativa.
El caso continúa pendiente de resolución, mientras los recientes efectos del oleaje vuelven a poner bajo atención pública la situación del inmueble y su ubicación en la franja costera de San Pancho. La evidencia física, con pilotes expuestos y daños en áreas comunes, refuerza la percepción de que la construcción invade ilegalmente la zona federal marítimo terrestre. La presión social y ambientalista exige que se cumpla la ley y se actúe en consecuencia, pues la permanencia del complejo no solo representa un riesgo para turistas y residentes, sino también un precedente negativo en la protección de las playas de Nayarit.