La presidenta Claudia Sheinbaum firmará esta semana un decreto histórico para restituir 2,471 hectáreas de tierras ancestrales en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, ubicados en Mezquitic, Jalisco.
La extensión devuelta equivale a más de 100 veces la superficie del parque La Loma de Tepic y representa el mayor avance en un litigio agrario que ha persistido por décadas. En total, la comunidad indígena jalisciense ha reclamado la restitución de 10,448 hectáreas en la zona limítrofe entre Nayarit y Jalisco, ocupadas por pequeños propietarios y ganaderos nayaritas que, hasta ahora, se habían resistido a entregar las tierras, pese a las resoluciones judiciales favorables a los pueblos originarios.
El conflicto territorial se remonta a títulos virreinales que acreditan la propiedad ancestral del pueblo wixárika (huichol), anteriores a los documentos de propiedad presentados por los actuales ocupantes. Aunque un Tribunal Unitario Agrario ha fallado a favor de la comunidad indígena desde hace años, la ejecución de las sentencias se había retrasado debido a la negativa de los poseedores a abandonar las tierras sin recibir una compensación económica.
El nuevo decreto contempla un pago global de 158 millones 264 mil pesos para indemnizar a 15 posesionarios nayaritas de las tierras que serán entregadas entre el 5 y el 7 de mayo, en cumplimiento de un mandato judicial emitido el pasado 30 de abril. La firma de los convenios de finiquito se concretó el 29 de abril, permitiendo una entrega conciliada y sin confrontaciones hasta ahora.
Con esta restitución, la superficie de Nayarit devuelta a la comunidad wixárika de Jalisco desde 2016 alcanzará las 5,946 hectáreas, lo que representa el 56.7% del territorio total en disputa. Quedarán pendientes de devolución otras 4,500 hectáreas aproximadamente.
La presentación oficial del decreto se realizará el próximo 8 de mayo, durante una gira de la presidenta Sheinbaum por territorio wixárika. El documento ha sido elaborado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Consejería Jurídica de la Presidencia.