Por Redacción Vida Nayarit 
La riqueza forestal de Nayarit enfrenta un grave deterioro por rutas clandestinas que esquivan la vigilancia oficial. La extracción ilícita de maderas preciosas como cedro, pino y encino se ha consolidado este año como uno de los delitos con mayor impacto ecológico en la zona serrana. Las denuncias señalan no solo la pérdida de árboles, sino la existencia de una red que aprovecha la inaccesibilidad del terreno para lucrar con el patrimonio natural de la entidad.
De acuerdo con registros de la Semarnat, a cargo de José Rentería González, existen entre 25 y 30 procesos de investigación abiertos por estos hechos. Las autoridades han detectado que el traslado de la madera ocurre principalmente de noche, en vehículos sin guía forestal legítima. El problema se agrava con el tráfico de fauna silvestre, donde pericos y guacamayas son víctimas de un mercado negro que opera sin fronteras.
La contención se ha convertido en una carrera contra el tiempo para la Profepa y las fuerzas de seguridad. Los jueces de control dictan medidas de reparación del daño, aunque rehabilitar una hectárea de bosque talado puede tomar décadas, mientras que el beneficio económico para los grupos criminales es inmediato.
El impacto alcanza también a comunidades indígenas, cuya sostenibilidad se ve comprometida al perder sus recursos naturales, empujándolas hacia la marginación. Ante ello, la estrategia gubernamental apuesta por incentivar la denuncia ciudadana, pues los habitantes de la sierra representan la única vigilancia capaz de cubrir los puntos ciegos donde los inspectores federales no llegan.
Preservar los pulmones de Nayarit se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional en el contexto del cambio climático. Cada cargamento de madera confiscado es una victoria parcial, pero la raíz del problema persiste en la demanda de mercados externos. La administración estatal ha reiterado que no habrá tolerancia para quienes conviertan los bosques serranos en mercancía ilegal, y ha prometido endurecer las sanciones administrativas y penales contra los aserraderos que no acrediten la legalidad de su materia prima.