Por Redacción Vida Nayarit 
En la Ciudad de México, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo solicitado por Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., empresa detrás de un proyecto inmobiliario en San Pancho, Nayarit. Con esta decisión quedaron firmes las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras comprobar la ocupación irregular de la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar. El litigio se prolongó durante seis años.
La sentencia obliga a la compañía a devolver a su estado natural mil 466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, lo que implica demoler las edificaciones levantadas. Además, deberá cubrir una multa de 96 mil 220 pesos. Las estructuras conocidas como “Torre 1” y “Torre 2” pasarán a ser propiedad de la Nación. El origen del caso se remonta a 2009, cuando Semarnat otorgó una concesión condicionada a mantener intacta la superficie. En 2014 se amplió el permiso para actividades de esparcimiento y ornato, sin posibilidad de modificar el uso.
Sin embargo, una inspección realizada en diciembre de 2021 reveló que la empresa había construido sobre terrenos ganados al mar. En agosto de 2022, Profepa emitió la resolución que fijó las sanciones y ordenó reparar el daño ambiental. La desarrolladora promovió un juicio de nulidad, pero las instancias judiciales confirmaron la validez de la resolución. En mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental ratificó la sanción y, finalmente, el tribunal colegiado cerró la ruta legal.
El conflicto también tuvo un componente social. Entre 2017 y 2018, habitantes y ambientalistas de San Pancho realizaron protestas contra el proyecto, denunciando afectaciones a la playa y a zonas de anidación de tortugas marinas. En 2018, cerca de mil personas se manifestaron en defensa del ecosistema. La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, calificó el fallo como “una victoria para la comunidad y para la justicia ambiental”, destacando que permitirá recuperar la superficie afectada y salvaguardar los bienes nacionales.
Aunque la resolución es definitiva, la ejecución aún está pendiente. Profepa no ha precisado plazos ni calendario para la demolición, aunque aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de la ley en obras que impacten la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Para la comunidad que protestó hace casi una década, el fallo representa un triunfo largamente esperado. Para la empresa, en cambio, el camino jurídico se agotó sin éxito.