Por Ernesto López 
Aunque ya no ocupa la Presidencia Municipal de Tepic, Geraldine Ponce vuelve a estar en el centro de la polémica por los cuestionamientos en torno a los beneficios y recursos que presuntamente seguiría utilizando tras dejar el cargo. El caso abre nuevamente el debate sobre los privilegios que algunos actores políticos parecen conservar incluso después de abandonar las responsabilidades para las que fueron electos.
Los señalamientos apuntan a que la exalcaldesa continuaría utilizando una camioneta oficial y contaría con escoltas para sus actividades públicas. Si estos recursos siguen siendo cubiertos por el Ayuntamiento o cualquier instancia gubernamental, la ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué fundamento legal ocurre y quién autorizó la continuidad de esos beneficios.
La controversia no radica únicamente en el posible uso de recursos públicos. También llama la atención la aparente permanencia de una estructura de apoyo que normalmente estaría asociada al ejercicio de un cargo público. Mientras miles de ciudadanos enfrentan diariamente las consecuencias de servicios públicos insuficientes, inseguridad y limitaciones presupuestales, resulta inevitable cuestionar si la utilización de recursos oficiales para exfuncionarios es realmente una prioridad.
Las dudas crecieron nuevamente tras la participación de Geraldine Ponce en la inauguración del Festival de las Almas Eternas. Nadie ha explicado con claridad por qué una exalcaldesa, sin responsabilidades formales dentro de la administración municipal, fue invitada a ocupar un papel visible dentro de un evento público. Lo que sí quedó claro es que, una vez más, los reflectores terminaron apuntando hacia ella.
Para una figura política que ya no ocupa la alcaldía, la insistencia en permanecer en el centro de la escena pública empieza a parecer menos una coincidencia y más una estrategia permanente de promoción política. La ausencia de explicaciones oficiales sobre su protagonismo únicamente alimenta esa percepción y fortalece las preguntas sobre el verdadero motivo de su presencia en actos institucionales.
No se trata de un asunto de simpatías o diferencias partidistas. Se trata de transparencia y rendición de cuentas. Si existe una justificación para el uso de recursos públicos o para el protagonismo otorgado a una exfuncionaria en eventos oficiales, corresponde a las autoridades explicarla de manera abierta y documentada.
Mientras esas respuestas no lleguen, continuará creciendo la impresión de que en la política local existen personajes para quienes dejar un cargo no necesariamente significa abandonar los privilegios, la influencia o los espacios de protagonismo. Y esa percepción, justa o no, termina erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.