Por Redacción Vida Nayarit 
El debate sobre el aumento de dos pesos en la tarifa del transporte público vuelve a encenderse en Tepic, pero esta vez con un trasfondo que los usuarios consideran injusto. Antonio Ramírez Domínguez, dirigente de los choferes, defendió la urgencia del incremento argumentando que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, la realidad es que los permisionarios —propietarios de las concesiones— han incumplido reiteradamente sus compromisos de mejorar el servicio en años anteriores, aun cuando ya se les han autorizado ajustes en el costo del pasaje.
Los pasajeros, que diariamente enfrentan camiones deteriorados y condiciones deficientes, cuestionan que se pretenda cargarles nuevamente la responsabilidad económica, cuando las promesas de modernización y renovación nunca se han materializado. La justificación de los permisionarios sobre los altos costos de insumos, como llantas de hasta 8 mil pesos, contrasta con la falta de resultados visibles: las unidades siguen operando en condiciones “medianas”, lejos de estándares dignos para la ciudadanía.
El argumento de que el vandalismo de algunos jóvenes agrava el deterioro tampoco exime a los concesionarios de su obligación de garantizar un servicio seguro y de calidad. Los usuarios recuerdan que cada incremento tarifario ha venido acompañado de compromisos de limpieza, renovación y mantenimiento que, en la práctica, se han incumplido.
A ello se suma la inconcreta promesa de implementar un sistema de credencialización para evitar fraudes en los descuentos, anunciada desde septiembre del año pasado y aún sin resultados. La falta de cumplimiento refuerza la percepción de que los permisionarios buscan más ingresos sin ofrecer garantías de mejora.
En este contexto, la exigencia de subir la tarifa se percibe como un golpe injusto para los usuarios, quienes ya han pagado en el pasado por compromisos que nunca se cumplieron. La discusión no solo gira en torno a la viabilidad financiera del transporte, sino a la credibilidad de quienes lo operan y a la necesidad de que las autoridades prioricen el derecho ciudadano a un servicio digno antes de autorizar cualquier nuevo aumento.