Esta mañana, en entrevista con medios, el líder de TRANSPORNAY, Francisco Avilés, anunció que los permisionarios pretenden incrementar la tarifa a 12 pesos para el público en general y 6 pesos para estudiantes y personas de la tercera edad. Lo presentan como si fuera una concesión “negociable”, insinuando que podrían “bajarse” a un aumento de solo 2 pesos, como si se tratara de un favor a la ciudadanía.
El argumento de siempre: el combustible caro, las refacciones y el mantenimiento. Sin embargo, poco se habla de lo verdaderamente urgente: la pésima condición de las unidades, con camiones que circulan con asientos rotos, pisos dañados y un servicio indigno. A esto se suma un hecho alarmante: en los últimos meses los transportistas han estado involucrados en numerosos accidentes viales, poniendo en riesgo la vida de los usuarios y de terceros. ¿Cómo justificar un aumento cuando ni siquiera garantizan seguridad básica en el transporte?
Avilés asegura que “el estudio ya está a punto de culminar” y que lo entregarán a la Secretaría de Gobierno, pero la propuesta sigue siendo la misma: 12 y 6 pesos. Incluso admite que el estudio podría arrojar cifras mayores, lo que deja claro que el objetivo es presionar para que el alza se concrete, sin importar el impacto en los bolsillos de la población.
Lo más grave es que cada vez que se aprueban aumentos, nunca cumplen los compromisos adquiridos: no renuevan la flota, no mejoran las condiciones del servicio y mucho menos garantizan seguridad. El discurso de negociación y estudios técnicos parece más una estrategia para disfrazar lo que en el fondo es un intento de cargarle a la ciudadanía los costos de una mala gestión y de un servicio deficiente.
Mientras tanto, se habla de ajustes para que las unidades sean avaladas por la Secretaría de Movilidad, pero la realidad es que los usuarios siguen viajando en condiciones indignas y peligrosas. El aumento no es más que otro golpe al bolsillo de la gente, sin garantía alguna de que el transporte público mejore.

