La presencia de al menos 13 camiones provenientes de Tepic en Tuxpan, la tarde del sábado, encendió la polémica. Las unidades, identificadas como parte de rutas de transporte público de la capital nayarita, trasladaron a decenas de personas para asistir a un evento encabezado por Geraldine Ponce. Testimonios señalan que gran parte de los asistentes eran trabajadores del Ayuntamiento de Tepic, movilizados bajo presión sindical o por órdenes de superiores, lo que revive la vieja práctica del “acarreo” político.
La indignación crece porque, mientras los transportistas reclaman un aumento en las tarifas y amenazan con recortar horarios de servicio para la ciudadanía, los mismos camiones se destinan a fines partidistas. La contradicción es evidente: se argumenta que no hay recursos para mantener rutas completas, pero sí para sacar unidades enteras rumbo a actos políticos.
El episodio abre serias interrogantes: ¿quién autorizó la salida de los camiones?, ¿qué condiciones se impusieron a los trabajadores?, ¿se usaron recursos públicos para este traslado? La falta de respuestas oficiales refuerza la percepción de que lo institucional se pone al servicio de intereses particulares, dejando en segundo plano las necesidades de los usuarios del transporte y de la ciudadanía en general.

