Por Redacción Vida Nayarit 
El Poder Legislativo de Nayarit lanzó una advertencia a los ayuntamientos: carecen de facultades para incrementar las tarifas de agua potable más allá de los límites fijados en el periodo de aprobación presupuestal. La postura surge tras detectar irregularidades en municipios donde se han reportado cobros que afectan la economía familiar y contravienen la normativa vigente.
Adahán Casas Rivas, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, informó que ciudadanos de Compostela acudieron al parlamento para denunciar facturaciones desproporcionadas. Las quejas señalan abusos en los ajustes aplicados por el organismo operador, lo que motivó la apertura de una revisión oficial. El legislador reveló que al menos dos demarcaciones ya fueron obligadas a revertir estrategias indebidas, tras aumentos que oscilaron entre tres mil y cinco mil pesos sin justificación técnica. En esos casos, se gestionó la devolución de los excedentes a los contribuyentes afectados.
Respecto a la falta de liquidez que argumentan algunos ayuntamientos, Casas Rivas subrayó que la salida no está en elevar tarifas, sino en mejorar la recaudación. Recordó que apenas entre el 30 y 40 por ciento de la población cumple con sus obligaciones fiscales, por lo que los gobiernos locales deben enfocarse en captar ese recurso pendiente dentro de los márgenes autorizados, evitando sanciones administrativas.
El Congreso sugirió a los usuarios revisar sus recibos actuales frente a los del ciclo anterior, para detectar variaciones superiores al cinco por ciento, límite estimado por inflación y la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se recordó que la ley prohíbe cobrar rezagos mayores a cinco años, pues la legislación establece la condonación automática de esas deudas.
Finalmente, se reiteró que el acceso al agua constituye un derecho humano protegido por la legislatura. Ante amenazas de cortes, la normativa sólo permite el racionamiento del flujo, pero nunca la suspensión total del suministro ni la obstrucción del drenaje sanitario. Con ello, se busca garantizar que la ciudadanía reciba el recurso esencial sin ser objeto de prácticas abusivas.