Por Redacción Vida Nayarit 
La posible demolición de Punta Paraíso continúa generando controversia en Bahía de Banderas, luego de que la empresa Pacific Lifestyle Properties acusara a autoridades estatales y municipales de impedir el acceso de especialistas que buscaban reforzar las torres del complejo. La denuncia ocurre apenas semanas después de que la desarrolladora sufriera un nuevo revés judicial dentro de un litigio que se ha prolongado por más de seis años.
Según la empresa, personal especializado intentó ingresar al condominio para realizar trabajos preventivos de apuntalamiento que permitieran reforzar las estructuras. Sin embargo, sostuvo que las restricciones impuestas por autoridades de Protección Civil y Bomberos impidieron la ejecución de estas acciones, situación que, a su juicio, contribuyó al deterioro de algunas áreas del desarrollo que posteriormente registraron colapsos parciales.
No obstante, el señalamiento se produce en medio de un contexto legal complejo para la compañía. El pasado 7 de octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por Pacific Lifestyle Properties dentro del expediente 756/2025. Entre los argumentos señalados por la resolución judicial se encuentra que las construcciones fueron levantadas en terrenos ganados al mar y que el título de concesión existente no autorizaba la edificación de inmuebles en dicha superficie.
Este escenario ha colocado nuevamente en el centro del debate no sólo las condiciones físicas de las torres, sino también la legalidad de un proyecto que durante años ha enfrentado cuestionamientos ambientales, administrativos y judiciales. Aunque la desarrolladora atribuye parte de los daños a la imposibilidad de realizar trabajos de reforzamiento, las restricciones derivan precisamente de los procedimientos iniciados por las irregularidades detectadas en torno al desarrollo.
La empresa también sostiene que una resolución emitida el pasado 30 de septiembre por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la autorización en materia de impacto ambiental. Con base en ello, argumenta que existen elementos jurídicos que respaldan la permanencia del complejo y que deben considerarse dentro del análisis integral del caso.
Sin embargo, las resoluciones favorables en algunos aspectos no han logrado revertir los principales cuestionamientos relacionados con la ubicación del proyecto. El conflicto continúa concentrándose en la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y de los Terrenos Ganados al Mar (TGM), así como en los alcances de las autorizaciones bajo las cuales fueron construidas las torres.
La desarrolladora afirma que las edificaciones fueron levantadas durante 2017 y que la delimitación formal de los terrenos ganados al mar ocurrió posteriormente. Aun así, la controversia jurídica se mantiene abierta debido a que autoridades y tribunales han evaluado distintos antecedentes técnicos y legales vinculados con el predio.
Mientras Pacific Lifestyle Properties insiste en agotar todas las vías de defensa institucional para evitar la demolición, las resoluciones recientes han fortalecido los argumentos de las autoridades respecto a la situación jurídica del complejo. De esta manera, la discusión sobre el futuro de Punta Paraíso parece depender menos de la posibilidad de reforzar sus estructuras y más de la legalidad de mantenerlas en pie.