Por Redacción Vida Nayarit 
El desarrollo Punta Paraíso, ubicado en San Francisco (San Pancho), Bahía de Banderas, fue clausurado de manera definitiva tras el colapso de su estructura ocasionado por el fuerte oleaje. La erosión de la duna y la playa, intensificada por los fenómenos hidrometeorológicos Polo y Rachel, dejó expuesta la vulnerabilidad de la franja costera y evidenció la ocupación irregular de terrenos federales sin título legal.
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, las obras realizadas en inmuebles federales sin concesión se pierden en beneficio de la Federación y deben ser demolidas sin indemnización. Además, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que la obligación principal es reparar el daño y restituir el ecosistema a su Estado Base, recuperando hábitats, servicios ambientales y funciones ecológicas. Por ello, se solicita a Semarnat y Profepa determinar con precisión la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, ordenar la demolición de estructuras ilegales y garantizar la restauración integral de la duna costera.
El caso de Punta Paraíso revela que la construcción se realizó treinta metros adelante del límite permitido, ignorando restricciones municipales y federales. No se trata de un accidente fortuito ni de “maldad del mar”, sino de la consecuencia de decisiones que privilegiaron la ambición sobre la normatividad. Mientras otras edificaciones en San Pancho permanecen estables, este condominio fue evacuado y clausurado definitivamente por el socavamiento de sus cimientos. La naturaleza, en su dinámica, ha recordado que las leyes buscan proteger tanto al entorno como a la población.
La clausura definitiva de Punta Paraíso es un precedente que subraya la urgencia de aplicar la ley con firmeza y recuperar la integridad de la playa como sistema natural de protección costera. En un día dedicado a San Francisco, patrono de la naturaleza, el mar ha demostrado que la defensa del patrimonio nacional no puede depender de la permisividad ni de la represión de intereses privados, sino de un compromiso real con la restauración ambiental y el respeto a los bienes comunes.