Por Redacción Vida Nayarit 
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) estableció una estrategia de diálogo permanente con los sectores productivos para frenar el ingreso irregular de insumos marinos al país. A través de mesas de trabajo interinstitucionales, se busca erradicar la competencia desleal y garantizar que la comercialización de crustáceos cumpla con los estándares de sanidad vigentes. Estas acciones coordinadas entre dependencias federales pretenden salvaguardar la economía de quienes se dedican a la acuicultura legal en distintas regiones.
Bajo las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del organismo, Rigoberto Salgado Vázquez, coordina seis ejes operativos que incluyen la protección del comercio exterior y el fomento al consumo interno. Las reuniones mensuales integran a representantes de aduanas, seguridad nacional y autoridades sanitarias para dar seguimiento a denuncias del sector productivo, respondiendo con agilidad a las afectaciones reportadas por productores de camarón ante prácticas ilícitas.
Operativos recientes realizados entre mayo y junio permitieron la retención precautoria de cargamentos masivos en puntos estratégicos como Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. En Ixtlahuacán de los Membrillos se aseguraron más de 170 mil toneladas de mercancía, mientras que en la Central de Abasto y La Nueva Viga se detectaron toneladas de producto sin documentación legal. Estas intervenciones, en coordinación con la Guardia Nacional, impidieron que mercancía de dudosa procedencia llegara a los consumidores, garantizando la inocuidad alimentaria.
México alcanzó una producción superior a las 269 mil toneladas de camarón en el ciclo anterior, cifra que sustenta la soberanía alimentaria nacional. Mantener esta posición depende de la capacidad de las autoridades para proteger a las cooperativas locales frente a la introducción de productos extranjeros sin certificación. Por ello, se impulsa la competitividad mediante campañas que promueven el consumo de lo local, identificando la calidad del mar mexicano como un sello distintivo.
El refuerzo de la vigilancia en fronteras y centros de acopio busca evitar que el contrabando erosione las utilidades de las familias que dependen de la acuicultura. El ordenamiento pesquero representa un compromiso con la sustentabilidad a largo plazo, asegurando que sólo el producto certificado circule en el mercado, protegiendo la salud pública y garantizando que el esfuerzo de los productores nacionales sea remunerado de manera justa.