Por Redacción Vida Nayarit 
El viraje del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en el caso de Playa Las Cocinas, Punta de Mita, refleja más un cálculo político que un compromiso real con la ciudadanía. Apenas dos días atrás había advertido que no permitiría bloqueos y calificó de “delincuentes” a los activistas; incluso, el día de ayer se registró la detención de tres manifestantes. Sin embargo, tras ser exhibido en medios nacionales como Aristegui Noticias y Latinus, ahora se presenta como abierto al diálogo.
En conferencia de prensa nocturna, Navarro anunció el retiro de los elementos de la Policía Estatal desplegados en la zona, asegurando que se garantizará la libre manifestación y el acceso público a la playa. Bajo la línea política de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que no habrá privatización y que se buscará un entendimiento con la empresa responsable de la obra.
Lo que nunca se justificó fue la excesiva cantidad de policías enviados a la zona, un despliegue que generó tensión y que contradice el discurso de respeto a la protesta. Además, mientras el gobernador intenta suavizar su postura, los trabajos de construcción continúan sin pausa. Ambientalistas señalan que los documentos presentados por la constructora en materia ambiental contienen inconsistencias y que el proyecto amenaza con dañar el ecosistema costero y restringir el acceso público.
La narrativa oficial se acomoda a la presión mediática, pero las acciones en el terreno muestran otra realidad: un proyecto que avanza pese a las denuncias ciudadanas y un gobierno que oscila entre la criminalización de la protesta y el discurso conciliador cuando la crítica trasciende fronteras locales.