Por Redacción Vida Nayarit 
La salida del representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Nayarit no es un simple trámite administrativo: se trata de la consecuencia directa de una cadena de irregularidades que favorecieron a desarrolladores privados por encima del interés público. La entrega de permisos sin sustento técnico permitió construcciones que devastaron la dinámica costera y restringieron el acceso ciudadano a las playas, un patrón de corrupción que se había normalizado en la región.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, señalaron que la renuncia era indispensable para sanear una delegación marcada por la complacencia hacia intereses inmobiliarios. La revisión de expedientes reveló autorizaciones otorgadas con criterios laxos, disfrazadas de “obras de emergencia”, que en realidad sirvieron para encubrir negocios privados.
Los fraudes inmobiliarios, incluso aquellos que se comercializaron con renders digitales de edificios inexistentes, forman parte de una investigación federal que busca proteger a compradores engañados. La voracidad de desarrolladores, solapada por administraciones locales anteriores, deterioró la estética urbana y comprometió la viabilidad de destinos turísticos estratégicos del Pacífico.
Inspectores federales intervendrán de inmediato en zonas como Punta Burros, La Lancha, Careyeros y El Anclote, donde se pretende desmontar infraestructura invasiva y restaurar el entorno natural. La Fiscalía General de la República, por su parte, ejecutará órdenes de demolición en edificaciones que violaron límites de altura, con casos documentados en Puerto Vallarta donde se construyó hasta el triple de lo permitido.
Uno de los episodios más graves fue la concesión otorgada en Punta Mita, donde una empresa instaló enrocamientos que alteraron la geografía del litoral. La federación revocó el permiso y ordenó la restauración de la zona, evidenciando cómo la corrupción institucional permitió daños irreversibles al ecosistema.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo dará a la federación poder de veto sobre planes municipales de desarrollo, cerrando la puerta a nuevas autorizaciones discrecionales. Colectivos ciudadanos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta se sumarán a la vigilancia, con el objetivo de impedir que expedientes técnicos vuelvan a ser manipulados.
La intervención federal marca un precedente: la inversión económica será bienvenida únicamente si respeta la legislación y la riqueza natural del país. El caso Semarnat en Nayarit exhibe cómo la corrupción ambiental no solo destruye ecosistemas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.