La restricción de celulares en escuelas de Nayarit entró en vigor este lunes para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. La medida, impulsada por el gobierno federal, alcanza a más de 235 mil alumnos y 14 mil 512 docentes en la entidad, bajo la promesa de mejorar la concentración académica y fomentar una mayor convivencia entre estudiantes. Sin embargo, especialistas y padres de familia advierten que el éxito de la disposición dependerá más de su aplicación efectiva que de la simple prohibición del uso de dispositivos.
La nueva regulación establece que los alumnos podrán llevar sus teléfonos móviles a los planteles educativos, pero no utilizarlos durante la jornada escolar, incluyendo aulas, patios y áreas comunes. La disposición deriva del Acuerdo 09/09/26 y forma parte de una estrategia nacional para reducir las distracciones digitales en los centros educativos.
La titular de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Daniela Rivera Arjona, explicó que la medida no implica la prohibición de portar los dispositivos, sino una limitación sobre su encendido y manipulación dentro de las instalaciones escolares. Por su parte, la secretaria de Educación estatal, Mirna Manjarrez Valle, señaló que los docentes también deberán apegarse a la norma y resguardar sus equipos personales durante las actividades académicas.
No obstante, la implementación plantea diversos retos. Aunque las autoridades sostienen que algunos planteles ya habían aplicado restricciones similares con resultados positivos, hasta el momento no se han presentado estudios locales que permitan medir con precisión si la reducción en el uso de celulares se traduce directamente en un mejor desempeño académico o en una disminución de problemas de convivencia.
Otro de los cuestionamientos gira en torno a la vigilancia de la medida. Los acuerdos para el resguardo de los dispositivos quedarán en manos de cada plantel, mediante consensos entre maestros y representantes de familia, lo que podría generar diferencias en la aplicación de la norma entre una escuela y otra.
La regulación contempla excepciones para actividades pedagógicas autorizadas, necesidades de accesibilidad, condiciones médicas específicas y situaciones de emergencia. Asimismo, las escuelas deberán mantener vías de comunicación disponibles para que madres y padres puedan establecer contacto con sus hijos cuando sea necesario.
Las autoridades educativas contarán con un plazo de 180 días naturales para armonizar reglamentos y procedimientos locales. Mientras tanto, el debate permanece abierto. Aunque la intención de reducir distracciones en las aulas ha sido bien recibida por algunos sectores, persisten dudas sobre si una restricción por sí sola será suficiente para enfrentar los desafíos que representa el uso de la tecnología en la educación moderna.

