Por Redacción Vida Nayarit 
El acceso público a la playa Las Cocinas, en Punta Mita, ha sido motivo de inconformidad entre habitantes de la zona, quienes denuncian que los proyectos turísticos amenazan con restringir un derecho garantizado por la legislación federal. Ante las protestas, el gobierno estatal asegura que se establecerán mesas de diálogo y supervisión técnica para “garantizar” el libre tránsito, aunque la comunidad mantiene reservas sobre la efectividad de estas medidas.
Las reuniones incluyen a pobladores, representantes de la empresa desarrolladora y autoridades ambientales. El objetivo declarado es revisar los planteamientos de la comunidad y verificar que las obras se apeguen a la normatividad. Sin embargo, la experiencia en otros desarrollos turísticos genera dudas: los compromisos suelen quedar en el papel mientras el avance inmobiliario se impone sobre los derechos colectivos.
La Secretaría de Gobernación y la Semarnat han informado que mantendrán vigilancia estrecha y acciones de verificación técnica. La participación de estas instancias federales es vista como un contrapeso necesario frente a un gobierno estatal que, en ocasiones, ha mostrado mayor disposición a respaldar la narrativa de “orden y desarrollo” que a atender las preocupaciones ambientales y sociales.
El discurso oficial plantea un equilibrio entre inversión y respeto al entorno, pero la comunidad teme que el diálogo se convierta en una estrategia para desactivar la protesta sin frenar realmente la privatización de espacios públicos.
Las mesas de seguimiento continuarán, aunque los habitantes de Punta Mita insisten en que sólo la organización comunitaria podrá garantizar que Las Cocinas siga siendo de uso común. La desconfianza hacia el gobierno estatal se mantiene: más que declaraciones, exigen hechos que demuestren que la ley se aplicará en defensa de los derechos colectivos y no de los intereses empresariales.